En Brasil, una oposición parlamentaria desacreditada por los acciones legales que ya enfrentaba en innumerables escándalos de corrupción organizó –con el respaldo de Estados Unidos e Israel– la destitución de la presidenta Dilma Roussef. Los parlamentarios se sirvieron para ello de un procedimiento de impeachment que, a la luz de la Constitución de Brasil, puede activarse única y exclusivamente en caso de crimen. 8 000 juristas brasileños acaban de iniciar una «Campaña por la Legalidad».

La presidenta Dilma Rousseff ha sido blanco de ataques sistemáticos de los políticos de la oposición, los medios de comunicación y los sectores conservadores de la sociedad desde el anuncio oficial de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones de 2014. En un primer momento, incluso antes de que la presidente prestara juramento en el cargo, la oposición inició una campaña para sembrar incredulidad con respecto a la confiabilidad del recuento de votos y del sistema electoral computarizado. En una decisión inédita desde la implantación, en 1996, del voto electrónico en Brasil, el Tribunal Superior Electoral autoriza la auditoría que el candidato derrotado reclama, pero sin demostrar indicios de fraude.

Fracasada esta primera tentativa de inviabilizar el gobierno electo, el candidato de la oposición inconforme con la derrota, convoca a la población brasilera a salir a las calles para exigir la renuncia de la Presidenta, acusándola de abuso de las cuentas públicas para ganar las elecciones.

Los principales movimientos organizadores de las protestas, autodefinidos como “apartidarios y espontáneos” pero de orientación política conservadora y financiados por grandes corporaciones nacionales y extranjeras defensoras del libre mercado, reclaman el impeachment. A inicios de 2015, la coalición del candidato derrotado pide a la justicia electoral la impugnación del mandato de la presidenta y del vicepresidente, alegando abuso de poder político y económico durante la campaña (al final del mismo año, la acción legal es aceptada por el Tribunal Superior Electoral pero hasta ahora no ha habido juicio al respecto).

En el transcurso del año de 2015, la oposición intensifica sus ataques. Es el momento en que Petrobras se convierte en blanco de la mayor operación contra la corrupción realizada en toda la historia de Brasil –lo que solo es posible precisamente gracias a las medidas de control y transparencia aprobadas a lo largo de los años de gobierno del Partido de los Trabajadores.

Los medios de comunicación privados promueven las acciones del juez Sergio Moro –a cargo de los procesos judiciales emprendidos a partir de las investigaciones policiales– como un espectáculo de masas. Esto se realiza mediante una cobertura sistemáticamente selectiva y parcial, acompañada de comentarios despectivos hacia el gobierno y estigmatizantes sobre quienes lo apoyan. Grandes grupos de comunicación se dedican claramente a denigrar una de los partes de la disputa política y a fortalecer la otra, fomentando la idea de que el Partido de los Trabajadores es responsable por la corrupción estructural en Brasil. Ignoran intencionalmente la verdadera envergadura de las manifestaciones populares a favor del gobierno y ocultan los matices y la complejidad del momento político, colocándose entre los protagonistas de la campaña contra la Presidenta.

Aún en 2015, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, investigado por su propia implicación en el sistema de corrupción en Petrobras y sujeto a una acción penal por recibir sobornos en al menos una cuenta no declarada en Suiza, es objeto de un pedido de impeachment basado
1) en los llamados “pedaleos fiscales” (de 2015), presentados como operaciones de crédito entre la Federación Brasileña y los bancos públicos (Banco do Brasil, Caja Económica Federal y BNDES), y
2) en la aparición de 6 decretos no numerados que sirvieron de base a la asignación de créditos suplementarios, sin autorización legislativa.

Ninguna de las dos acciones contempla todavía la exigencia constitucional de violación de la ley presupuestaria que constituye el crimen de responsabilidad, única situación en que el ordenamiento jurídico brasilero autoriza la tramitación del proceso de impeachment. Eduardo Cunha, aún no apartado por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, se mantiene por tanto en el cargo de Presidente de la Cámara. Desde esa posición, con el apoyo de la oposición derrotada en las urnas en 2014, se prepara para conducir la primera y más importante fase del proceso de impeachment contra la Presidenta.

Sin embargo, la que se ve sujeta al impeachment, sin que existan indicios, ni investigación o acusación de evasión de impuestos, ni informaciones de bienes y valores escamoteados al fisco federal, es la presidenta Dilma Roussef, que no tiene cuentas en el extranjero, que no aparece en ninguna lista de políticos envueltos en la corrupción de Petrobras, que no aparece como acusada ni investigada en ningún procedimiento policial o criminal.

De un lado se aplica el principio de la presunción de inocencia, del otro lado se aplica una presunción de culpa como regla política del momento. Para empeorar las cosas, la Comisión Especial del proceso de impeachment en la Cámara de Diputados se compone en su mayoría de políticos que, comprobadamente, recibieron donaciones de campaña de empresas que figuran en la investigación de las malversaciones en Petrobras. Varios miembros de esa Comisión Especial son políticos actualmente investigados en esa misma operación policial.

Brasil vive un momento particular de gran aprensión y sufrimiento. En las calles y en las redes sociales, se destila odio contra quienes llaman a la defensa de la Democracia o del Derecho. Ciudadanos comunes o figuras públicas que no participan del falso "consenso" presentado por la oposición se convierten en blanco de ataques personales estimulados por los medios conservadores y dominantes, claramente interesados en invertir el resultado de las urnas. Se ofende a la presidenta Dilma incluso en base a su condición de mujer, con insultos machistas y chistes misóginos.

Políticos aliados, por intereses personales o electorales, retiran su apoyo político al gobierno. Desde las elecciones, la gobernabilidad de Brasil viene siendo amenazada, innumerables actos del gobierno son inhabilitadas por la mayoría parlamentaria para provocar la crisis económica, social y política que justifica el discurso golpista. Muchos juristas o agentes del sistema manipulan el derecho como instrumento político de reversión del resultado de las urnas, en flagrante abandono de principios elementales garantizados en diversas instancias judiciales.

En este escenario resultan altamente preocupantes la perspectiva de ruptura del orden democrático y la violación de la soberanía popular por la vía del abuso de poder.

O, en otras palabras, por el ejercicio de un poder que no se somete al Derecho. La ausencia de hechos válidos que motiven el impeachment, el uso reiterado de juicios políticos, dudosos e imprecisos, y el incumplimiento del principio constitucional de legalidad son la caracterización instrumental de lo que puede llamarse "golpe legal", "golpe blanco" o "golpe de Estado encubierto" (la deposición de Fernando Lugo, presidente de Paraguay, en el año 2012, aunque no es un caso aislado en América Latina, es el que mejor ilustra la aplicación de esta forma de juicio político para deponer al jefe del poder ejecutivo en el sistema presidencial acusándolo de "mal desempeño político").

Sin embargo, en el sistema presidencial, el juicio sobre el desempeño político del mandatario lo ejerce el ciudadano, al votar en elecciones regulares y directas, jamás el legislativo, so pena de quebrar el estado de derecho democrático.

 

Con información de la Red Voltaire  http://www.voltairenet.org